José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta, Universidad de Castilla-La Mancha y Juan José Rubio Guerrero, Universidad de Castilla-La Mancha

El Consejo de Política Fiscal y Financiera acaba de aprobar la propuesta del Gobierno central de condonar de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común. Esta tiene su origen en el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023. Entonces, se acordó la quita de un 20 % de la deuda de Cataluña con el Estado: 15 000 millones de euros.

Ante el revuelo generado en el resto de autonomías de régimen común, algunas con importantes niveles de deuda, el Gobierno aclaró que dicho acuerdo incluye al resto de regiones de régimen común.

La propuesta reconoce que, debido al impacto de la crisis financiera entre 2010 y 2013, las comunidades autónomas de régimen común se han endeudado en exceso. Durante esos años, dichas regiones accedieron a financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo extraordinario creado por el Gobierno central para dar liquidez a las comunidades a tipos de interés muy ventajosos. La prolongación en el tiempo de este mecanismo ha provocado un sobrendeudamiento que ha convertido en inaccesible la vuelta a los mercados financieros de las comunidades más endeudadas.

El estado de la deuda autonómica

El artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera reconoce implícitamente que las comunidades de régimen común deberían tener un porcentaje de deuda del 13 % de su producto interior bruto (PIB). A septiembre de 2024, solo Canarias, la Comunidad de Madrid, Navarra y el País Vasco cumplen esta premisa, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia tienen porcentajes de deuda por encima del 30 % de su PIB.

La propuesta de condonación

La propuesta presentada por el Gobierno reconoce un sobrendeudamiento durante los años 2010 y 2013 de 80 310 millones de euros. A partir de esta cifra, la condonación se estructura en tres fases:

• Primera fase: se reparte el 75 % de la condonación conforme a la fórmula de población ajustada. Esta fórmula, que trata de medir las necesidades de gasto autonómicas a través de los distintos costes de prestación de servicios, poco o nada tiene que ver con las causas que han motivado el sobrendeudamiento de las comunidades de régimen común. Sin embargo, se ha convertido en el único criterio objetivo de reparto.

Esta primera fase arroja una condonación media del 19,33 % de la deuda actual de las comunidades autónomas de régimen común. Entre las principales beneficiarias están Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

• Segunda fase: tiene como objetivo que alcancen el objetivo de 19,33 % medio de deuda condonada aquellas comunidades que no lo hayan alcanzado en la fase previa. De esta manera, reciben una quita adicional Cataluña (6 371 millones de euros), la Comunidad Valenciana (4 493 millones), la Región de Murcia (358 millones), Castilla -La Mancha (170 millones) y Baleares (122 millones).

• Tercera fase: pretende incrementar (en base a criterios objetivos) en 11 505 millones de euros el perdón de la deuda. Para ello, se siguen dos criterios.

Primer criterio: se incrementa la condonación de deuda a aquellas comunidades que, con el modelo de financiación vigente, hayan estado infrafinanciadas en términos de financiación por habitante ajustado. Esto es, con un índice inferior a 100. De esta manera, esas comunidades igualarán la condonación por habitante ajustado de la Comunidad Valenciana, que es la región infrafinanciada que más condonación ha percibido (2 284 € por habitante ajustado). Las regiones más perjudicadas con el modelo vigente han sido, Valencia, la Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Sin embargo, también se incluye a Cataluña cuando los datos muestran que siempre ha estado en torno a la media de financiación por habitante ajustado. De esta manera, reciben un perdón de deuda adicional Andalucía (7 531 millones), Castilla-La Mancha (1 804 millones), la Región de Murcia (972 millones) y Cataluña (484 millones).

Segundo criterio: las comunidades que, para mitigar su desequilibrio presupuestario, hayan aplicado, dentro de sus competencias normativas, tributos por encima de la media en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se benefician de una condonación adicional del 10 % (como Aragón, Canarias o Extremadura). En cambio, las que estén por debajo de la media se benefician de un 5 % adicional (el caso de Baleares).

Con esta propuesta, Andalucía y Cataluña serían las comunidades más beneficiadas por la quita de deuda (un 43 % del total condonado). Andalucía, Asturias, Galicia, La Rioja, Madrid, Canarias, Navarra y País Vasco entrarían en porcentajes de deuda plenamente válidos para endeudarse en los mercados financieros.

La ratio de deuda sobre el PIB de las comunidades se reduce, en términos generales, un 5,3 %. No obstante, regiones como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña o Castilla-La Mancha necesitarían ajustes adicionales para poder salir a los mercados financieros sin enfrentarse a primas de riesgo elevadas.

¿Qué se debería haber hecho?

Los elevados volúmenes de deuda de algunas autonomías han convertido la condonación en la única solución viable para que puedan acceder a los mercados financieros. Sin embargo, siendo conscientes del impacto que el ciclo económico tuvo sobre las finanzas regionales desde 2010 a 2018, la búsqueda de causas objetivas para el perdón de la deuda es un criterio fundamental para evitar futuras peticiones de rescate cuando la situación financiera se complique.

En este sentido, perdonar una deuda autonómica que es consecuencia de un sistema de financiación ineficiente parece un criterio justo y objetivo.No obstante, hay criterios que pueden considerarse más equitativos y eficaces, sin un componente político Ad hoc.

Para evitar el riesgo moral ligado al perdón (entendiendo riesgo moral como cualquier situación en la que quien toma la decisión no será quien sufra las consecuencias del fracaso), se debería exigir a las comunidades el compromiso de hacer ajustes fiscales y gestionar de forma conservadora su política fiscal, evitando bajadas en los impuestos cedidos por el Estado.

Los expertos han planteado la creación de un fondo transitorio de nivelación para complementar los ingresos de las comunidades de régimen común peor financiadas.

La condonación propuesta por el Gobierno –desigual, sin criterios objetivos y sin exigir nada a cambio– premia a las regiones que han acumulado mayores niveles de deuda y puede generar desequilibrios en los incentivos fiscales. Además, esta medida debería servir como herramienta de consenso en torno a la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.

De cualquier forma, si sale adelante la iniciativa, se debe eliminar progresivamente el Fondo de Liquidez Autonómico creado durante la gran recesión, para evitar situaciones parecidas en el futuro. También está pendiente la reforma del sistema de financiación autonómica para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta, Investigador, Hacienda Pública: Federalismo fiscal, Universidad de Castilla-La Mancha y Juan José Rubio Guerrero, Catedrático de Hacienda Pública, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.